Ese primer gesto se sostiene gracias a una alianza clave entre comunidad, autoridades educativas y municipalidad. En 1992 se funda la Asociación de Desarrollo Universitario de Paraíso, instancia comunitaria que no solo impulsa el proyecto, sino que asume directamente la construcción de las primeras instalaciones del Recinto. En negociación con la Junta Administrativa del Liceo de Paraíso, la Asociación gestiona la cesión de los terrenos donde hoy se ubica el campus. El acuerdo de 1992, que proyecta hasta siete hectáreas para la Universidad de Costa Rica (UCR), se consolida jurídicamente años después, pero fija desde temprano la idea de un anclaje territorial propio. Poco después, el 15 de marzo de 1994, la aprobación de la Ley 7386 reforma la Ley 6450 y consagra una fuente específica de financiamiento para el Recinto de Paraíso. Parte de los recursos asignados a la UCR se orienta al desarrollo de esta sede regional a través de un fondo restringido destinado, en primera instancia, a la construcción del primer módulo. Aunque en los primeros años no se transfiere la totalidad de los montos previstos y es necesaria la compensación con recursos y personal de la Administración Central, se sientan las bases de un arreglo financiero singular.

En paralelo, la Oficina de Ejecución del Plan de Inversiones (OEPI) diseña un plan maestro que imagina algo más que aulas dispersas: tres edificios, biblioteca, comedor estudiantil, auditorio, gimnasio multiuso y espacios complementarios. Durante la segunda mitad de los años noventa y la primera década del siglo XXI, ese horizonte arquitectónico se va poblando de decisiones, ya que se amplía la oferta académica, se incrementa la matrícula, se diversifica la procedencia estudiantil y se consolidan vínculos con sectores locales. Así, el período 1995–2008 muestra cómo la combinación entre la Ley 7386, el FEES y la gestión cotidiana permite transformar recursos inestables en capacidad real. De esta forma, el Recinto, en ese tránsito, deja de ser un apéndice experimental para convertirse en actor estratégico de la regionalización universitaria de la UCR.

La década siguiente profundiza este proceso de consolidación, pero también revela las tensiones de sostener un proyecto regional en un contexto fiscal cada vez más restrictivo. La Ley 7386, que en los orígenes fue garantía de posibilidad, se vuelve progresivamente un punto neurálgico, pues su vigencia condiciona la estabilidad del Recinto. Por eso, cuando entre 2018 y 2019 el Plan Fiscal y las reformas asociadas abren la posibilidad real de debilitar o vaciar el mecanismo que sostiene el financiamiento de Paraíso, la reacción no es solo técnico-presupuestaria, sino política. La Dirección del Recinto, el Consejo de Sede, actores de la Administración Central y liderazgos locales articulan una defensa que combina gestión institucional, argumentación jurídica, presencia en la Asamblea Legislativa y trabajo con la comunidad. En ese escenario irrumpe también, con fuerza propia, el movimiento estudiantil, que asume un papel fundamental a través de asambleas, vocerías, participación en espacios de negociación y acompañamiento crítico a las autoridades universitarias. La lucha por mantener la Ley 7386 no es solo una disputa por cifras; es un momento de relectura colectiva del sentido histórico del Recinto de Paraíso.

Este episodio deja trazadas dos huellas. Por un lado, la confirmación de que el Recinto depende de marcos normativos específicos y, por otro, la constatación de una comunidad universitaria capaz de organizarse, argumentar y disputar su continuidad. Esa misma densidad política y organizativa será decisiva en la etapa siguiente, marcada por la conflictiva historia del proyecto de infraestructura, los retrasos, las renegociaciones contractuales y el traslado temporal de las actividades al Mall Paraíso. Lejos de leerse como un simple movimiento logístico, este traslado sintetiza la tensión entre precariedad y promesa, ya que implica sostener la vida académica en un espacio provisional mientras se insiste en la materialización de un campus a la altura del proyecto regional concebido desde los años noventa. Tras varios años de funcionamiento en el Mall Paraíso (2019–2024), ese esfuerzo sostenido encuentra un punto de inflexión con la inauguración, en diciembre de 2024, de las nuevas instalaciones del Recinto, que simbolizan la continuidad histórica y la renovación del compromiso con la educación superior pública en la región.

Así, la reseña histórica del Recinto de Paraíso no puede limitarse a enumerar fechas y edificios. Es la historia de una alianza entre comunidad, universidad y estudiantado que, desde 1990 hasta la actualidad, ha defendido una misma tesis: que la educación superior pública debe inscribirse en el territorio, respaldada por marcos legales claros, infraestructuras dignas y una participación activa de quienes la habitan. La Ley 7386, las luchas fiscales de 2018–2019, las decisiones de las autoridades universitarias y el protagonismo estudiantil, junto con la larga secuencia de esfuerzos por consolidar y renovar la planta física, forman parte de una misma trama: la de un Recinto que existe porque, una y otra vez, distintos actores han decidido sostenerlo.